- Un análisis histórico y geopolítico del país más estratégico de América Latina, forjado en el fuego de la guerrilla y el narcoterrorismo, que hoy se encuentra en la encrucijada entre la democracia constitucional y las infiltraciones ideológicas del eje La Habana-Caracas, enfrentando el desafío de preservar sus instituciones frente al avance del populismo bolivariano.
*Andrea Guidugli / Opinión
La Spezia, Italia.- La primera vez que viajé a Colombia fue en 2005 y fue el último país latino americano que descubrí, los demás ya los conocía desde hace décadas. Fue un viaje de negocios, pero lo hice con la curiosidad de quien busca comprender una tierra envuelta en mitos de violencia y pasión. Había oído hablar de su café, de sus montañas verdes, de la hospitalidad de su gente, de René Higuita, pero también de los secuestros, los carteles, de Pablo Escobar, la guerrilla, los atentados y la corrupción endémica. En ese tiempo, ya era claro que la historia colombiana era cualquier cosa menos sencilla. Sin embargo, lo que encontré fue un país profundamente humano, rico en contrastes, en el que la alegría convivía con el miedo, y la belleza natural con una constante tensión social, pero con una seriedad y profesionalidad de mis interlocutores que elevó inmediatamente Colombia a mi país favorito, donde he forjado amistades que van más allá de los negocios, del conocimiento o de la familiaridad; son amistades que perdurarán más allá de la vida.
Colombia es, más que ningún otro país sudamericano, una nación sellada en la contradicción: entre la centralización y la periferia, entre la tradición y la modernidad, entre el orden y la anarquía. Su historia no puede entenderse sin remontarse a las guerras civiles del siglo XIX, a la larga hegemonía conservadora, a los episodios sangrientos que acompañaron el nacimiento del liberalismo moderno y, sobre todo, al Pacto del Frente Nacional, ese acuerdo entre las élites políticas que pretendió enterrar la guerra, pero que también sembró nuevas exclusiones.
Mucho antes del auge del narcotráfico y de los discursos populistas que hoy dominan, Colombia vivía una lucha constante por definirse a sí misma. ¿Era un país rural o moderno? ¿Debía mirar hacia Estados Unidos o hacia un proyecto andino? ¿Era posible una democracia firme en medio de tantas fuerzas desestabilizadoras?
Lo que viví, lo que estudié, lo que confirmé en cada conversación con amigos, empresarios, militares o funcionarios públicos, fue siempre lo mismo: un país lleno de potencial, pero atrapado en una narrativa trágica, muchas veces impuesta desde fuera, otras tantas sostenidas desde dentro por sectores interesados en que la división, el resentimiento y el miedo nunca terminarán.
Hoy, cuando el Presidente Gustavo Petro habla de “una Colombia nueva”, cuando desde el Palacio de Nariño se insinúa una refundación nacional que a veces recuerda más a Caracas que a Bogotá, no puedo evitar mirar atrás y preguntarme si, al igual que otras naciones hermanas, Colombia está volviendo a caer en el ciclo histórico que ha frenado tantas veces su crecimiento: la promesa de una revolución que termina en estancamiento, división y fracaso.
Este artículo intenta recorrer ese camino. Un viaje a través del tiempo que comienza mucho antes de Petro, para entender por qué tantos colombianos aún aguardan, con esperanza o con resignación, la llegada de un liderazgo auténtico, pragmático, moderno y profundamente democrático. Uno que no se esconda tras discursos bolivarianos ni busque eternizarse en el poder con pretextos ideológicos.
Colombia: un país que nació entre guerras
Desde su independencia de España, la historia de Colombia ha estado marcada por una sucesión ininterrumpida de conflictos armados, revueltas internas y enfrentamientos ideológicos que han impedido la consolidación de un Estado fuerte, estable y unificado. A lo largo del siglo XIX, el país sufrió nueve guerras civiles mayores y múltiples confrontaciones regionales, protagonizadas por conservadores y liberales, facciones que utilizaron la violencia como medio recurrente para acceder y mantener el poder. El conflicto más emblemático de esta época fue la Guerra de los Mil Días (1899–1902), una contienda brutal que dejó más de 100.000 muertos y un país devastado económica y moralmente. Esta guerra selló una cultura política basada en el sectarismo, la violencia y la impunidad, que se trasladó, de forma apenas disimulada, a las décadas posteriores.
Con la llegada del siglo XX, la hegemonía conservadora fue desplazada lentamente por una nueva ola liberal, que impulsó reformas agrarias, laicismo, educación pública y una mayor apertura económica. Sin embargo, estas reformas generaron nuevas resistencias y provocaron uno de los episodios más oscuros de la historia colombiana: “La Violencia” (1948–1958), una guerra civil no declarada que causó cerca de 200.000 muertes. El asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, fue la chispa que encendió una década de barbarie.
En este contexto emergió también la figura del general Gustavo Rojas Pinilla quien llegó al poder mediante un golpe militar en 1953. Su gobierno, inicialmente recibido con esperanza por sectores cansados de la violencia, impulsó obras de infraestructura y avances sociales, pero terminó degenerando en autoritarismo y corrupción. Aunque fue depuesto en 1957, su movimiento político, la ANAPO, sobrevivió y décadas más tarde daría origen a expresiones insurgentes como el M-19, que lo consideraron un referente traicionado por las élites.
Fue entonces cuando las élites tradicionales decidieron sellar un pacto de alternancia en el poder: el Frente Nacional (1958–1974). Durante este periodo, liberales y conservadores se alternaron la Presidencia y compartieron el poder en todos los niveles del Estado. Aunque este acuerdo logró poner fin a la guerra abierta entre partidos, también cerró el sistema político a nuevas voces y marginó a sectores sociales enteros, entre ellos campesinos, jóvenes y movimientos de izquierda, alimentando así las futuras insurgencias.
El surgimiento de la izquierda armada: FARC, ELN y otros fantasmas
A partir de la exclusión política del Frente Nacional y del abandono del campo colombiano por parte del Estado, nacieron los principales grupos insurgentes que marcaron la historia reciente del país: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Inspirados en la revolución cubana y en la teología de la liberación, estos grupos adoptaron la lucha armada como vía para transformar el orden social. Durante décadas, las FARC crecieron en poder militar, influencia territorial y recursos económicos gracias al secuestro, la extorsión y, sobre todo, el narcotráfico. El ELN, por su parte, se afianzó en regiones fronterizas y en zonas mineras, apoyado también por sectores intelectuales radicalizados.
Otros grupos como el M-19 y el EPL nacieron posteriormente, en un intento de articular luchas urbanas con la guerra rural. El EPL, de corte prochino y prorruso, también protagonizó un proceso de paz importante durante la Presidencia de Virgilio Barco, que abrió paso a una Asamblea Constituyente.
El M-19, en cambio, tuvo un origen distinto: nació de la inconformidad tras el presunto fraude electoral contra Rojas Pinilla en 1970. No era una guerrilla campesina, sino un movimiento urbano e ilustrado, integrado por jóvenes de clase media y alta. Dentro de este grupo surgió la figura de Carlos Pizarro Leongómez, comandante del M-19, quien lideró la desmovilización de la guerrilla y la transformación en partido político. Su asesinato en 1990, cuando era candidato presidencial, truncó una oportunidad histórica para una izquierda democrática renovada.
La violencia se convirtió en moneda corriente. El Estado, débil y fragmentado, respondió con lentitud, y muchas veces con una violencia igual de ciega. En este contexto, surgieron también las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupos paramilitares que combatían a la guerrilla pero que terminaron por replicar sus métodos criminales.
El país quedó atrapado en una espiral de guerra, donde el campesino era víctima de todos los bandos, y la política, secuestrada por intereses armados y mafias del narcotráfico. Mientras tanto, miles de colombianos huían del campo hacia las ciudades, desplazados por el conflicto.
Los procesos de paz: entre esperanza y decepción
Durante los años 90 y 2000, distintos gobiernos intentaron negociar con la guerrilla. El proceso de paz más ambicioso fue el del Presidente Juan Manuel Santos con las FARC, que culminó en 2016 con la firma del Acuerdo de La Habana. Este acuerdo fue celebrado por la comunidad internacional pero cuestionado en el país: en el plebiscito de 2016, los colombianos votaron mayoritariamente en contra del texto original.
Muchos sectores de centro y derecha vieron el acuerdo como una rendición del Estado frente al crimen organizado. Las FARC obtuvieron curules en el Congreso, sin haber pagado cárcel ni reparado a sus víctimas. El narcotráfico se mantuvo e incluso se incrementó tras el acuerdo, y varios excombatientes retomaron las armas, fundando disidencias. Además, el proceso de justicia transicional (JEP) ha sido criticado por su lentitud y falta de resultados visibles. Aunque la paz es un anhelo nacional, la sensación de impunidad ha erosionado la confianza ciudadana. Para muchos colombianos, el “proceso de paz” se convirtió en sinónimo de privilegios para los violentos y olvido para las víctimas.
El posconflicto y la desilusión: una paz firmada, pero no cumplida
El acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC fue recibido con escepticismo por amplios sectores de la sociedad colombiana, especialmente por quienes vieron en él una capitulación ante el terrorismo. A pesar de ser laureado con el Premio Nobel, Santos ignoró la voluntad popular expresada en el plebiscito, que rechazó el acuerdo, imponiendo así un texto que otorgó impunidad a criminales de guerra, curules automáticas en el Congreso a exguerrilleros, y beneficios económicos sin una verdadera justicia transicional.
Durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), se intentó corregir parcialmente las distorsiones del acuerdo, fortaleciendo el enfoque de legalidad, pero la herencia institucional del proceso de paz limitó significativamente cualquier margen de maniobra. El país no logró consolidar una paz real: nuevos grupos armados como el ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo continuaron su expansión, y el narcotráfico, fuente esencial de financiación para estos actores, aumentó bajo la protección tácita de un sistema judicial permisivo y politizado.
Además, el proceso de reincorporación fue ineficiente: cientos de excombatientes volvieron a las armas, y muchos territorios donde se esperaba una “consolidación de la paz” se transformaron en zonas de dominio criminal, donde la ausencia del Estado ha sido reemplazada por estructuras paralelas, a menudo con la aquiescencia de ONGs internacionales y actores políticos simpatizantes.
A este panorama se suma un antecedente clave: el exterminio de la Unión Patriótica (UP), un partido político surgido de la convergencia entre las FARC y el Partido Comunista, que en los años ochenta intentó ser la primera alternativa legal de la izquierda armada. Más de 4.000 de sus militantes y dirigentes fueron asesinados en una campaña de aniquilamiento que frustró el primer esfuerzo serio de incorporar a la izquierda a la vida democrática. Este trauma dejó una huella profunda y explica en parte la desconfianza de muchos sectores frente a posteriores procesos de paz.
El giro a la izquierda: Gustavo Petro y la incertidumbre institucional
Con la elección de Gustavo Petro en 2022, el primer presidente abiertamente de izquierda en la historia reciente del país, Colombia experimentó un cambio político sin precedentes. Exguerrillero del M-19, nunca hizo parte de la cúpula dirigente del M-19, militó en rangos medios.
Petro ha promovido una agenda ideológica radical que ha generado una creciente polarización. Su discurso anti-élites y su retórica contra los sectores productivos han erosionado la confianza de inversionistas, empresarios y de amplios sectores de la clase media. Su proyecto de “paz total”, que propone el diálogo con todos los grupos armados, incluidos narcotraficantes, ha sido criticado por generar incentivos perversos: quienes delinquen reciben beneficios judiciales, mientras que quienes han cumplido la ley son marginados por el Estado. Además, la relación de Petro con regímenes como el de Venezuela, Cuba y Nicaragua ha encendido alarmas en los sectores democráticos de América Latina.
A nivel institucional, el gobierno ha intentado cooptar las cortes, presionar al Congreso e imponer reformas regresivas, como la de salud, laboral y pensional, que han encontrado un fuerte muro de contención en la oposición parlamentaria, los gremios y las Fuerzas Armadas. A pesar de su retórica, Petro ha enfrentado obstáculos estructurales que han impedido consolidar un poder hegemónico.
Es importante subrayar que, a diferencia de otros países latinoamericanos, las Fuerzas Militares en Colombia han mantenido una tradición civilista y de obediencia institucional, y no han sido proclives a golpes de Estado ni a tentaciones dictatoriales. Esta fidelidad al orden constitucional constituye un pilar de estabilidad frente a cualquier deriva autoritaria.
El Presidente ha visto caer su popularidad, enfrentando escándalos por presuntos financiamientos ilícitos en su campaña, además de acusaciones contra su hijo por vínculos con el narcotráfico. Este clima ha debilitado su capacidad de gobierno, y el país vive una creciente incertidumbre política.
La democracia colombiana ha resistido más que otras en la región. No ha caído en golpes de Estado, ni ha abolido elecciones. Pero está claramente fatigada. El clientelismo, la corrupción, la violencia política, la inseguridad y la desconfianza institucional han erosionado la fe en el sistema.
Hoy, más del 70% de los colombianos desconfía del Congreso, de la justicia y de los partidos políticos. La abstención electoral es alta. Y muchos jóvenes, decepcionados, miran con simpatía proyectos radicales o incluso autoritarios. La izquierda radical ha sabido capitalizar ese descontento. Pero las respuestas no pueden venir ni de la nostalgia armada ni del populismo mesiánico.
Las Fuerzas Armadas, la oposición y el horizonte político
En un país con décadas de conflicto armado, las Fuerzas Armadas (FF. AA.) no solo representan un aparato de seguridad, sino también una columna vertebral de la institucionalidad. Durante los años más duros de la guerra contra las FARC y otros grupos ilegales, el Ejército colombiano desarrolló una doctrina militar sólida, en coordinación con agencias internacionales como el Comando Sur de los Estados Unidos, y ganó respeto por su capacidad operativa. Hoy, las FF. AA. siguen siendo un factor de equilibrio fundamental ante los intentos del gobierno de politizar la seguridad.
El actual gobierno ha intentado debilitar a la cúpula militar, removiendo a oficiales con trayectoria impecable y reemplazándolos por cuadros ideologizados. Sin embargo, la jerarquía castrense ha mostrado institucionalidad y ha evitado caer en provocaciones políticas. La percepción ciudadana sigue siendo ampliamente favorable hacia los militares, a quienes muchos colombianos consideran el principal dique de contención frente a una deriva autoritaria.
En la memoria colectiva pesan también tragedias políticas que marcaron a una generación: el asesinato de Luis Carlos Galán a manos del narcotráfico en 1989, y el reciente asesinato contra el senador Miguel Uribe Turbay, que muestran cómo la violencia criminal sigue acechando a la dirigencia democrática.
En cuanto a la oposición, figuras como Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, se perfilan como líderes fuertes de cara a las elecciones de 2026. Ambos encarnan una visión de orden, seguridad y crecimiento económico, con un discurso claro contra el populismo de izquierda. También emergen alternativas de centroderecha como el exministro Alejandro Gaviria, quien, aunque más moderado, representa una visión crítica del actual rumbo. A este panorama se suma la figura de Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, quien ha intentado encarnar una opción de centro independiente, aunque su falta de contundencia frente al populismo ha limitado su proyección nacional.
En el escenario internacional, Colombia ha perdido peso geopolítico. La tradicional alianza con Estados Unidos se ha enfriado, mientras el gobierno de Petro busca acercamientos con China y Rusia, al tiempo que apoya regímenes autoritarios en la región. Esta política exterior ha debilitado el prestigio del país y lo ha aislado de sus socios históricos.
El futuro político se vislumbra incierto, pero la reacción cívica ante los excesos del oficialismo y la fortaleza institucional, representada en parte por el Ejército, los gremios económicos y la prensa libre, permiten pensar en una posible corrección de rumbo en el próximo ciclo electoral. La historia de Colombia demuestra que, a pesar de sus heridas, es una nación que ha sabido resistir y reinventarse.
Hacia un nuevo rumbo: reconstruir desde el centro democrático
Colombia necesita reencontrar un liderazgo firme, pragmático y moderno. Uno que no divida, sino que sume. Que no imponga ideologías fracasadas, sino que libere las energías de la sociedad civil, del sector privado, del emprendimiento y de la innovación.
El país tiene potencial envidiable: biodiversidad, talento humano, instituciones aún funcionales, tratados de libre comercio, industria creativa y una ubicación estratégica en el continente. Pero necesita seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica y reglas claras para el desarrollo.
La experiencia de países vecinos debería servir como advertencia. El modelo venezolano llevó a la ruina a una de las economías más ricas de la región. El de Petro, si no es corregido a tiempo, puede repetir el mismo libreto.
Colombia tiene que elegir: o continúa en el camino de la polarización, el estatismo y la retórica revolucionaria; o apuesta por una democracia madura, abierta, con una economía libre, un Estado eficaz y un proyecto de nación basado en la verdad, la justicia y la libertad.
La decisión, como siempre, estará en manos de los electores, del pueblo colombiano.
*Andrea Guidugli / Consultor y Periodista.
Miembro Federación Periodistas de la
ciudad di Madrid. Periodista y Opinionista
acreditado por la Federación Internacional
de la Prensa de Bruselas
Italia / Articulista Invitado
