- Un país que sufrió el golpe de 1973 por la vía de la fuerza transitó un modelo neoliberal durante cinco décadas, entregando las llaves del Estado a Gabriel Boric, el Presidente más progresista y polarizante de su historia. Un relato donde la esperanza social se vuelve riesgo institucional.
*Andrea Guidugli / Opinión
La Spezia, Italia.- Tenía apenas 23 años cuando llegué a Chile, con un conocimiento básico del español que no me permitía de mantener una simple conversación, con el alma abierta y la maleta ligera, dispuesto a descubrir un rincón del mundo que hasta entonces solo conocía por los titulares de los diarios europeos. Era 1976, y el país vivía bajo la sombra reciente del Pronunciamiento Militar que tres años antes había derrumbado el experimento marxista de Salvador Allende. Para mí, fue la primera vez en suelo sudamericano, y también la primera vez que sentí cómo la distancia geográfica podía convertirse, en pocos días, en cercanía emocional.
Chile no era entonces el país moderno y reconocido que es hoy. El Palacio de la Moneda mostraba todavía signos de los combates de 1973, las calles de la capital aparecían austeras, sus mercados algo modestos, el Valle del Maipo no era todavía la cuna de la viticultura chilena y la vida se desarrollaba con una sencillez que para un joven europeo podía parecer hasta nostálgica. Pero lo que me sorprendió no fue la precariedad, sino la dignidad con la que los chilenos llevaban su día a día, su amabilidad contenida, su cortesía casi británica, su sentido del orden y del respeto casi alemán.
Recuerdo mi sorpresa ante el toque de queda, algo que en Europa evocaba guerras ya lejanas. En Chile, en cambio, este instrumento de represión tenía algo casi simbólico: se imponía entre las 2 y las 5 de la madrugada durante la semana y de 3 a 5 los sábados. Era una formalidad más que una restricción real. En todo mi tiempo allí, y fueron largos y luminosos meses, nunca sentí que vivía bajo una dictadura. Viajé fuera del país en tres ocasiones, y en ninguna de ellas fui controlado, ni al salir ni al volver. Todo era fluido, sin tensión. En cambio, durante una de mis estancias en Argentina, fui testigo directo de redadas en plena calle, registros policiales a plena luz del día, un ambiente infinitamente más opresivo.
En Santiago y en las ciudades del sur, la mayoría de la gente con la que conversaba —estudiantes, comerciantes, profesores, trabajadores— hablaba del general Pinochet con un respeto que, al principio, me desconcertó. Pero era evidente: para la mayoría, su figura simbolizaba orden y estabilidad. Se respiraba una calma cotidiana, una sensación de rumbo, de país que sabía hacia dónde iba. La vida era serena, sin los sobresaltos que en Europa a menudo veíamos en la prensa. Mientras tanto, en mi país, Italia, se decía otra cosa. Se hablaba del Chile oscuro, del país del golpe, del laboratorio neoliberal, de los exiliados, de las torturas, del Estadio Nacional, elevado a símbolo de la represión.
Mi país era, de hecho, el único en Europa occidental que mantenía cerrada su embajada en Santiago. Muchos disidentes encontraron refugio en Roma, junto con músicos como los Inti Illimani, cuyas canciones, más allá de sus letras ideológicas, habían conquistado nuestros corazones con el encanto hipnótico de la música andina. Los vientos de la quena y los acordes del charango siguen vivos en la memoria de una generación italiana que nunca estuvo del todo consciente de las complejidades del país que los había expulsado.
Sin embargo, yo viví otra experiencia. Viví en Chile como uno más, con una familia chilena que me acogió con generosidad, que me enseñó las palabras, los sabores, las costumbres. Me enamoré. Tuve una “polola” y aunque alrededor no todo parecía perfecto, puedo decir con total sinceridad que viví esos meses como una de las etapas más felices y exaltantes de mi juventud.
Con los años, vi a Chile transformarse. Recuerdo una expresión repetida entonces con convicción: “Chile debe aprovechar de su riqueza minera, pesquera y agrícola” y en efecto, lo hizo, y lo sigue haciendo. Pero también supo dar un paso más. En pocos años, se convirtió en un proveedor global de vino, aceite, frutas, verduras. El cobre y la pesca completaron una fórmula de éxito que los economistas pronto bautizaron como el “Milagro de Chile”. Detrás de ese milagro están nombres que se han convertido en emblemas del desarrollo regional: LATAM, la mayor aerolínea de Sudamérica; Falabella, Cencosud, Codelco, CCU, CSAV. Empresas multinacionales con presencia en todo el continente, fruto de una política que supo combinar apertura económica con disciplina institucional.
Aquel país, que en los años setenta muchos querían reducir a un estereotipo ideológico, floreció con esfuerzo y visión. Hoy, cuando miro atrás, no puedo evitar sentir gratitud, porque Chile me enseñó mucho más que una lengua nueva: me enseñó otra forma de mirar el mundo, de entender el orden, de valorar la libertad y el mérito y ese recuerdo, el de un país que me acogió, que me permitió amar, crecer y comprender, sigue latiendo dentro de mí como una segunda patria.
Del “Milagro de Chile” al péndulo ideológico: el país que olvidó su mejor versión
Durante décadas, Chile fue el modelo, mientras América Latina caía una y otra vez en ciclos de populismo, hiperinflación, autoritarismo y estancamiento económico, el país andino se consolidaba como la excepción virtuosa. Economistas, inversores y observadores internacionales lo bautizaron como el Milagro de Chile: un sistema que, tras las reformas económicas de los años 70 y 80, logró transformar una economía cerrada y estatista en una sociedad moderna, abierta al mundo y en crecimiento constante.
Este milagro no fue casual. Se basó en libertad económica, seguridad jurídica, apertura comercial, control fiscal y una institucionalidad sólida. En poco más de tres décadas, Chile redujo drásticamente la pobreza, atrajo inversión extranjera, lideró rankings educativos y construyó una clase media estable que lo diferenciaba radicalmente de sus vecinos.
Sin embargo, en octubre de 2019, esa imagen comenzó a fracturarse. Las masivas protestas, presentadas por muchos como un “estallido espontáneo”, pusieron fin a la narrativa de estabilidad. Se destruyeron estaciones del metro, se atacaron comisarías, se incendiaron edificios públicos. Pero lo que para algunos fue una revuelta legítima, para otros —cada vez más— fue el resultado de una operación cuidadosamente planificada, que aprovechó la irritación social para desestabilizar el país.
Numerosas fuentes han señalado que el caos de 2019 no fue un accidente. Se trató, más bien, de un proceso de agitación con elementos de inteligencia y sabotaje. Algunas investigaciones sugieren vínculos con estructuras de activismo radical entrenadas en el extranjero y con influencia de agentes políticos vinculados al régimen venezolano, interesados en exportar su modelo de desestabilización institucional. El propio General Iturriaga, Jefe de Defensa Nacional para la Región Metropolitana de Santiago, durante los primeros días del caos, reconoció que “algo más profundo estaba operando detrás del desorden”.
Desde entonces, Chile ha entrado en un péndulo político peligroso: de la estabilidad al populismo, de las instituciones al caos, de las reformas moderadas al maximalismo ideológico. La llegada de Gabriel Boric al poder representó la culminación de ese cambio.
Sin embargo, tres años después, Chile no está mejor. La economía se enfría, el orden se ha debilitado, la delincuencia se ha disparado, y las instituciones están más erosionadas que nunca. La pregunta se impone: ¿por qué se quiso destruir el milagro que funcionaba?
El ascenso de Boric: carisma juvenil, promesas éticas y una izquierda que quiso gobernar sin ceder
Gabriel Boric irrumpió en la escena política chilena como una figura atípica: joven, sin trayectoria partidista tradicional, con una imagen fresca y un discurso impregnado de idealismo. Su candidatura presidencial en 2021 nació del desgaste de la clase política tradicional, del rechazo generalizado a los partidos de centroizquierda y centroderecha, y del impulso generado por el estallido social de 2019, que sirvió como plataforma para una generación que soñaba con “refundar” Chile. Pero aquel sueño progresista, más que una solución, fue el inicio de una serie de errores, improvisaciones y desconexiones con la realidad del país.
Boric, que en su juventud había defendido posiciones radicales e incluso mostrado simpatías con figuras como Nicolás Maduro, llegó al poder con una coalición de fuerzas marcadamente ideológicas, sin experiencia de gestión y con una visión profundamente crítica del modelo chileno que había generado prosperidad. Su narrativa, centrada en el “fin del neoliberalismo”, en la “redistribución del poder” y en la “justicia social”, se sustentaba más en consignas que en propuestas claras y ejecutables.
Desde su llegada al Palacio de La Moneda, el nuevo Presidente enfrentó una contradicción insalvable: gobernar un país profundamente institucional con un grupo político cuya base social desconfiaba abiertamente de esas mismas instituciones. El “gabinete del cambio” se componía de activistas, académicos, sociólogos y militantes sin experiencia estatal, con poca o nula conexión con las regiones, el empresariado o las Fuerzas Armadas. El resultado fue una gestión marcada por la improvisación, los cambios constantes y la falta de profesionalismo.
Una de las primeras señales de alarma fue el manejo del proceso constitucional. Lejos de canalizar un nuevo pacto nacional, la izquierda radical utilizó la Convención Constitucional como una plataforma para imponer una agenda refundacional, identitaria y excesivamente ideológica. El resultado: el primer borrador fue rechazado con un 62% de los votos en el plebiscito de 2022, reflejando el abismo entre las élites progresistas y la ciudadanía.
El gobierno de Boric sufrió un golpe durísimo. Aquel rechazo masivo no fue solo a un texto legal, sino a una visión de país. El mandatario prometía una nueva democracia, feminista, plurinacional, ecológica y participativa. Lo que encontró fue un pueblo cansado de los eslóganes y deseoso de orden, crecimiento y empleo. La reacción del Presidente fue errática. En lugar de moderarse y abrir el juego a otras sensibilidades políticas, dobló la apuesta. Mantuvo a figuras impopulares en su gabinete, como la Ministra Izkia Siches, cuya gestión en Interior fue caótica, y continuó defendiendo públicamente ideas como la desmilitarización de la Macrozona Sur, a pesar del auge de la violencia narco en la Araucanía.
Mientras tanto, la delincuencia crecía de forma exponencial. Chile, que durante décadas fue uno de los países más seguros de América Latina, comenzó a experimentar fenómenos propios de Centroamérica: sicariato, crimen organizado, bandas extranjeras como el Tren de Aragua, tráfico de armas y secuestros. La respuesta del Estado fue débil, y en muchos casos, ideológicamente condicionada. Sectores del oficialismo se negaban a aprobar leyes que endurecieran las penas, y rechazaban ampliar las facultades de Carabineros y Fuerzas Armadas.
Boric, consciente de la pérdida de apoyo, intentó un giro al centro en 2023: incorporó figuras moderadas como Carolina Tohá y Mario Marcel, y envió señales de pragmatismo económico. Pero el daño ya estaba hecho. Su imagen, que comenzó con más de 50% de aprobación, cayó por debajo del 30%. En las encuestas, la percepción mayoritaria es que “no tiene liderazgo”, que su gobierno “no sabe gobernar” y que está “más preocupado por lo simbólico que por lo real”.
En política exterior, sus tropiezos también fueron notables. Su obsesión por condenar a Israel y omitir críticas claras a regímenes autoritarios como Cuba y Venezuela le restó credibilidad internacional. En foros multilaterales, su retórica fue recibida con escepticismo. Y en el plano diplomático, sus decisiones ideológicas, como no aceptar las cartas credenciales del embajador de Israel, generaron crisis innecesarias y alejamientos con socios estratégicos.
Internamente, la situación económica tampoco ayudó. La inversión privada se congeló, el desempleo creció y la inflación impactó con fuerza a los sectores populares. Las señales contradictorias del gobierno sobre reformas tributarias y pensiones generaron incertidumbre. Y aunque el Ministro Marcel intentó enviar tranquilidad a los mercados, la percepción fue de un Ejecutivo dividido, sin rumbo económico claro.
En paralelo, escándalos de corrupción comenzaron a salpicar al gobierno. El caso de la Fundación Democracia Viva, en el que militantes del partido Revolución Democrática habrían recibido recursos públicos de manera irregular, puso en jaque el discurso ético del Presidente. A pesar de que Boric condenó los hechos, la ciudadanía percibió hipocresía: el mismo gobierno que prometía “moralizar” la política caía en las mismas prácticas que antes criticaba.
Uno de los aspectos más preocupantes ha sido la creciente polarización social. Lejos de unir, el gobierno ha dividido: entre “progresistas” y “retrógrados”, entre “pueblo” y “élite”, entre “jóvenes” y “viejos”. Esa retórica binaria ha impedido construir acuerdos amplios. Y en un país presidencialista como Chile, donde el Ejecutivo tiene una enorme responsabilidad en fijar el tono político, esa incapacidad de generar consensos se ha convertido en un freno estructural.
Al cierre de 2024, Chile se encuentra atrapado en una paradoja: gobierna un presidente de izquierda, pero el clima social exige orden, seguridad y desarrollo. La popularidad de Boric se desploma, mientras figuras de derecha como José Antonio Kast o Evelyn Matthei ganan fuerza en las encuestas. La ciudadanía parece haber entendido que las promesas del “nuevo Chile” no eran más que espejismos ideológicos sin sustancia.
En retrospectiva, el ascenso de Boric no fue tanto una revolución como una reacción: el producto de una crisis política mal canalizada, de un estallido manipulado y de una elite desconectada. Su fracaso no es solo personal; representa el agotamiento de una generación política que quiso gobernar sin negociar, prometer sin calcular y transformar sin construir.
Del entusiasmo a la resistencia: el fracaso constitucional y el retorno del miedo al cambio
El proceso constitucional iniciado tras el estallido social de 2019 fue, en sus orígenes, una válvula de escape institucional. La clase política, temerosa del desborde callejero y presionada por encuestas que mostraban un descontento generalizado, apostó por una solución institucional que diera respuesta al clamor popular. En teoría, la nueva Constitución debía ser una oportunidad para actualizar el pacto social, modernizar el marco legal y reforzar la democracia. En la práctica, se transformó en un laboratorio de ideología radical y exclusión política.
El primer gran error fue la composición de la Convención Constitucional. El mecanismo electoral adoptado para elegir a los constituyentes favoreció a activistas, figuras mediáticas, independientes sin estructura partidaria y candidatos con discursos maximalistas. Mientras tanto, los partidos tradicionales, especialmente los de centroderecha, quedaron infrarrepresentados, en parte por la desmovilización de su electorado, en parte por las reglas del juego. El resultado fue una Convención con fuerte presencia de izquierda identitaria, ecologistas extremos, voceros indígenas radicales y feministas estructurales.
Lejos de buscar acuerdos amplios, los convencionales de izquierda se sintieron autorizados a redactar una Constitución desde cero, sin anclaje en la tradición republicana chilena. Se eliminaron símbolos históricos, se propuso la eliminación del Senado, se impulsó un modelo de justicia paralela para pueblos originarios, se planteó un Estado plurinacional y se introdujeron derechos sociales sin establecer mecanismos claros de financiamiento. En definitiva, un texto más parecido a un manifiesto ideológico que a una carta fundamental.
Las señales de alarma se multiplicaron. Economistas, juristas y académicos comenzaron a advertir que el borrador carecía de coherencia institucional. Organismos internacionales mostraron preocupación por la eliminación de contrapesos y por el debilitamiento del Poder Judicial. Incluso sectores moderados de la ex Concertación, antigua coalición de centroizquierda, se desmarcaron públicamente del proceso. Pero los convencionales, con mayoría circunstancial, siguieron adelante, ignorando las advertencias y ridiculizando a quienes las emitían.
El gobierno de Boric, lejos de mantener una posición neutral, se comprometió activamente con el texto propuesto. Ministras, parlamentarios y asesores oficiales se sumaron a la campaña por el “Apruebo”. En los medios, la presión fue constante. Se intentó instalar la idea de que votar “Rechazo” era sinónimo de mantener el “legado de Pinochet”, un recurso retórico que simplificaba la discusión y alimentaba la polarización. Sin embargo, la ciudadanía no compró esa narrativa.
El 4 de septiembre de 2022, el pueblo chileno habló con claridad: el 62% votó por el “Rechazo”, mientras el “Apruebo” apenas alcanzó el 38%. Fue una derrota abrumadora para el oficialismo y, en especial, para Boric, que había jugado gran parte de su capital político en esa apuesta. La derrota no fue solo electoral: fue simbólica. Demostró que la mayoría silenciosa no estaba dispuesta a validar un proyecto ideológico que rompía con las bases de la institucionalidad chilena.
A partir de ese momento, el gobierno entró en una fase de repliegue táctico. Boric debió moderar su discurso, hacer cambios en su gabinete y aceptar una nueva hoja de ruta constitucional, esta vez con mayor protagonismo de los partidos tradicionales. Pero el daño estaba hecho: el entusiasmo ciudadano había desaparecido, la legitimidad del proceso estaba erosionada y el impulso refundacional se convirtió en escepticismo cívico.
Un segundo intento constitucional, más moderado, también fracasó. El nuevo borrador, esta vez elaborado con participación significativa de la derecha, tampoco logró convencer a la población. Aunque mucho más sobrio y coherente que el primero, el texto fue rechazado por una ciudadanía que ya no confiaba en el proceso y percibía que las élites seguían priorizando sus agendas por encima de las verdaderas urgencias sociales.
Esta doble derrota consolidó un fenómeno nuevo en Chile: el miedo al cambio. Lo que en 2019 se vivió como una promesa de renovación, en 2024 se transformó en sinónimo de incertidumbre, pérdida de estabilidad, improvisación legislativa y deterioro económico. El péndulo se había movido demasiado rápido, y ahora la población exigía freno, moderación y orden.
Ese retorno al realismo se refleja en las encuestas. Los candidatos más competitivos para 2025 no son ya los de la izquierda revolucionaria, sino figuras con propuestas claras de seguridad, control migratorio, impulso económico y fortalecimiento institucional. La población quiere soluciones, no manifiestos y, sobre todo, quiere que el Estado vuelva a funcionar.
El fracaso constitucional no fue, como algunos sugieren, una oportunidad perdida. Fue, más bien, una advertencia: el pueblo chileno no está dispuesto a entregar su futuro a experimentos ideológicos. La clase política debe leer esa señal con humildad. Porque si algo dejó en claro el ciclo 2019–2024 es que el cambio no puede imponerse desde las redes sociales ni desde universidades elitistas, sino construirse desde el respeto por la historia institucional, por la economía real y por la ciudadanía que trabaja, paga impuestos y quiere vivir en paz.
Gabriel Boric, que en 2021 encarnaba la esperanza de una generación, hoy es el símbolo de una decepción. Su alianza con sectores radicales, su falta de liderazgo frente al caos constitucional y su incapacidad para sintonizar con las necesidades del ciudadano común lo han relegado al rincón de los políticos que tuvieron una oportunidad histórica y la desperdiciaron.
La seguridad se desploma: narcotráfico, crimen organizado y pérdida del monopolio estatal
En apenas tres años, Chile dejó de ser el país más seguro de Sudamérica para convertirse en un escenario donde el crimen organizado y el narcotráfico urbano emergían con fuerza. Barrios de Santiago tradicionalmente tranquilos como Maipú, Puente Alto o La Araucanía fueron testigos del auge de bandas como el Tren de Aragua, originarias de Venezuela, Brasil y Colombia.
Con homicidios que aumentaron hasta un 50 % en zonas críticas, la ciudadanía reclamaba legitimidad y liderazgo. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue inconsistente: el Ejecutivo se negó a expandir las atribuciones de Carabineros y rechazó endurecer las penas por razones ideológicas. La seguridad ciudadana se convirtió en un signo dividido entre voluntad y retórica.
Boric respondió convocando al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), un órgano contemplado en la Constitución de 1980 originalmente diseñado para coordinar el Estado en crisis. Pero su uso en situaciones de seguridad interna urbanas fue interpretado por muchos como un retorno de métodos obsoletos, bajo la crítica de politizar y militarizar la función policial, una regresión para quienes aspiraban a modernidad institucional. Militares advirtieron en privado que no tienen ni entrenamiento ni mandato para patrullar barrios urbanos, y que ello podría generar retrocesos democráticos.
La oposición denunció que se reactivó una estructura autoritaria del pasado para intentar cubrir una responsabilidad propia: la debilidad del Estado. Desde el norte chileno se denunciaron flujos migratorios irregulares, predominantemente venezolanos y haitianos, sin control sanitario ni registro efectivo. Boric fue acusado de “buenismo”: rechazó flexibilizar expulsiones y mantener presencia mínima del Estado en zonas fronterizas. Paralelamente, nuevas formas de violencia –incluyendo toma de terrenos, microtráfico, y delitos menores encontraron terreno fértil debido a la ausencia institucional. Todo ello incrementó la percepción de desorden, generando descontento especialmente entre la clase media urbana, que exigía soluciones claras y medidas concretas.
Economía incierta, inversiones congeladas y clase media frustrada
Chile, bajo Boric, atravesó años de incertidumbre económica: el cuestionamiento al modelo Milagro desató una ola de miedo inversor que impactó directamente en pequeñas y medianas empresas, sin alternativas claras para sostener el crecimiento. Presentaciones gubernamentales sobre reforma tributaria y reformas estatales generaron inquietud. El camino hacia una visión socialista desdibujó la seguridad legal que permitía a empresas emprender planes de largo plazo. Incluso después de que Mario Marcel asumiera como ministro de Hacienda, pareció que el Ejecutivo carecía de un plan sólido para regenerar confianza.
La inflación creció por encima del 8% anual; la clase media, que tradicionalmente se sentía protegida por la estabilidad institucional, comenzó a sentir el desgaste: disminución del poder de compra, incertidumbre profesional y temor ante la inseguridad. El salario mínimo aumentó, pero la mayor parte de la sociedad esperaba resultados concretos y duraderos, no anuncios simbólicos.
Solo algunos elementos destaquen positivamente: la reforma a las pensiones se concretó, aunque con apoyo limitado del sector privado, y las 40 horas ya están en aplicación. Pero esas victorias fueron vistas como excepciones, no como una nueva normalidad. La percepción dominante fue: “Esos logros son insuficientes frente al caos general”.
La oposición gana terreno: Kast, Matthei y la narrativa del orden
Frente al fracaso progresista, emergió con fuerza una alternativa centrada en el orden, la austeridad fiscal y la restauración institucional. La derecha y centro‑derecha consolidaron su narrativa ante un electorado pragmático y escéptico.
Kast redefine la estándar de la derecha tradicional. Su discurso, basado en restaurar la autoridad del Estado y frenar la inmigración clandestina, encuentra ecos en zonas rurales y pequeñas ciudades. Aunque fuera del establishment empresarial, su retórica nacionalista ha conseguido arraigo entre clases afectadas por la inseguridad.
Exministra y exalcaldesa, Matthei se presenta como una opción moderada pero firme. Su foco está en la recuperación del crecimiento económico, la eficiencia pública y la seguridad ciudadana con respeto institucional. Sus propuestas atraen especialmente al votante decepcionado con la polarización y temeroso de franjas ideológicas extremas.
Como señaló el sociólogo Juan Pardo, hoy en Chile “el pragmatismo opera más que la fidelidad doctrinaria”. La ciudadanía busca eficacia, no banderas ideológicas. Esa demanda favoreció la emergencia de liderazgos que representen la estabilidad más que el cambio.
A la hora de proyectarse para las elecciones de 2025, la oposición apuesta por figuras con capacidad de gestión, Matthei, Desbordes, incluso líderes republicanos con capacidad legislativa, que prometen recuperar el control institucional.
¿Y ahora qué? Elecciones de fines de 2025 y el riesgo de nueva deriva radical
Boric, por Constitución, ya no puede reelegirse. Su imagen pública está seriamente deteriorada. Ha pasado de ser esperanza a motivo de precaución. Las primarias recientes en la coalición de gobierno consagraron a Jeannette Jara, del Partido Comunista, como candidata oficial con el 60 % del apoyo interno. La elección de Jara marca una continuidad radical que mantiene viva la tensión entre lo ideológico y lo institucional.
Aunque Jara se muestra empática y tecnificada, su adscripción comunista genera recelo entre votantes centristas. El centro‑derecha hoy se proyecta como la única vía segura de estabilizar el país: recuperar seguridad, moderar la inflación, recuperar inversiones y restaurar prestigio internacional.
El modelo emocional señalado por Pardo, votar por repulsión en lugar de adhesión, favorece candidaturas con mensaje claro de orden y autoridad. En ese esquema, la derecha moderada superaría, según sondeos, la polarización del Frente Amplio y el PC.
La elección de noviembre será un referéndum sobre todo un ciclo político. Si la derecha gana, retomará impulso la política de consenso institucional. Si no, Chile podría girar nuevamente hacia modelos extremos, esta vez con la legitimación electoral como escudo.
Chile se encontró levantado sobre un milagro institucional y económico, que fue destruido por el estallido de 2019 y debilitado por un gobierno que quiso refundar todo sin límites. Boric encarnó una esperanza, pero falló porque gobernó sin puentes y con discursos de ruptura, sin construir consenso. El resultado fue un país dividido, sin seguridad y con instituciones sobrecargadas.
Hoy, la ciudadanía exige eficacia, orden y moderación. Las próximas elecciones definirán si Chile regresa a su mejor versión, la moderada, basada en el respeto institucional y el crecimiento, o se adentra en una cicatrización de ideología que podría costarle caro en estabilidad democrática.
*Andrea Guidugli / Consultor y Periodista.
Miembro Federación Periodistas de la
ciudad di Madrid. Periodista y Opinionista
acreditado por la Federación Internacional
de la Prensa de Bruselas
Italia / Articulista Invitado
