- Entre la complicidad política y el silencio cómplice, Venezuela se enfrenta a su peor crisis humanitaria y moral.
*Andrea Guidugli
La Spezia, Italia.-Pisé por primera vez suelo venezolano en 1982. Era un joven funcionario de la empresa OTO Melara, con sede en La Spezia, Italia, líder indiscutible —entonces como ahora— en la producción de sistemas de armas, especialmente cañones navales y vehículos blindados. Viajaba acompañado de mi jefe directo, un profundo conocedor de Venezuela desde hace años. Apenas llegamos, lo primero que me dijo fue: “prueba un ron”. Eran probablemente las 6:40 de la mañana. Me sirvieron un “Caballito Frenao”, el famoso Ron Pampero. No lo disfruté — no estaba todavía acostumbrado a esas pequeñas locuras de mi jefe —, pero fue mi bautizo en esa Venezuela de los años 80, donde el cambio del dólar se mantenía en los legendarios bolívares 4,30
La clase medio/baja comenzaba a levantarse con cierta firmeza, y emergía lentamente una verdadera burguesía. Me hospedé en el Hotel Hilton, a pocos pasos del Comando General de la Armada. Recuerdo haber quedado impactado por el estallido de plantas tropicales, los aromas dulces y ese calor envolvente. La Armada venezolana no estaba satisfecha con los misiles Otomat MK2 adquiridos junto a las seis fragatas Lupo. Funcionaban poco y mal, dicho en tono amable. Con el tiempo, establecimos un acuerdo que implicaba un gran sacrificio económico por parte de nuestra empresa para demostrar la validez del sistema. Yo regresé muchas veces para seguir la situación de cerca. Empecé a invitar a mi esposa a acompañarme en los viajes. Nos enamoramos del país. Ella, incluso, quería mudarse allí; solía decir que era el único lugar del mundo al que estaría dispuesta a trasladarse. Había aún enormes oportunidades para todos.
Era un país riquísimo por sus reservas petroleras y con necesidades inmensas. Además, contaba con el mejor cacao del mundo, un café de primera, cosechas de frutas y hortalizas posibles incluso dos veces al año, y tierras interminables aptas para la ganadería bovina y ovina, con potencial para superar incluso a la Argentina. Los venezolanos eran amables y acogedores. Recuerdo que, hablando sobre la posibilidad de mudarnos, mi esposa comentó: “Hasta nosotros, que somos algo reservados, aquí podríamos hacer amigos en cuestión de meses”.
Existían clínicas modernas, y estaban construyendo el metro de Caracas, en aquel momento el más avanzado del mundo. El pueblo lo usaba con un respeto casi quirúrgico, como si caminara por una sala de cuidados intensivos. Las playas, las islas… El turismo estaba todavía por desarrollarse. Visitamos Margarita, entonces muy atrasada respecto a lo que es hoy. Pero lo más extraordinario fueron Los Roques: playas blancas, pequeñas chozas y diminutos poblados de pescadores, con sencillas construcciones que albergaban un destacamento de la Armada y otro de la Guardia Nacional. Aquel día, llegamos en un vuelo de servicio de la Armada y pasamos la tarde comiendo langostas recién pescadas por los locales. Era nuestro futuro paraíso.
Pero poco a poco surgió el “problema”: la seguridad. Mis familiares en Maracay se negaban rotundamente a que regresáramos a Caracas al atardecer. “Nunca de noche”, nos decían. Más adelante, en el apartado sobre la seguridad, relataré un episodio que para un italiano como yo — que sólo había visto armas durante el servicio militar obligatorio a los 18 años — fue absolutamente desconcertante. Fue precisamente la inseguridad lo que hizo que mi familia desistiera del sueño de mudarse a ese paraíso caribeño, lleno de playas blancas, palmeras, ostras de mangle y un clima ideal durante todo el año.
Luego llegó el teniente coronel Hugo Chávez Frías y todo terminó. No solo para nosotros, jóvenes europeos en busca de aventura y oportunidades, sino también para nuestros amigos venezolanos y todos los venezolanos, muchos de los cuales huyeron en masa. Se considera sean más de 7 millones. Pero de eso hablaremos más adelante.
Este artículo es un viaje al corazón del desastre venezolano. No solo para denunciar al régimen, sino para comprender sus mecanismos de poder. No solo para enumerar cifras, sino para escuchar testimonios. No solo para hablar del pasado, sino para imaginar un futuro posible. A lo largo de 10 secciones, recorreremos las claves del colapso: la represión, la corrupción, la pobreza extrema, la destrucción del aparato educativo, el éxodo masivo, el chantaje militar, la narcopolítica, el papel de PDVSA, el caso del Esequibo, y las relaciones internacionales que apuntalan o condenan al régimen.
No será un texto neutral. La neutralidad es un lujo cuando se enfrentan regímenes autoritarios que violan sistemáticamente los derechos humanos. Este análisis tiene una intención: mostrar que lo que ocurre en Venezuela no es un accidente ni una excepción. Es el resultado lógico de un sistema que, bajo el disfraz del socialismo del siglo XXI, ha impuesto una oligarquía de partido único, ha empobrecido a su población y ha criminalizado la disidencia. Lo que está en juego no es solo el destino de un país. Es la credibilidad de toda una región. Es la idea misma de democracia, de justicia y de dignidad.
En los años 2000, Venezuela era un país que aún despertaba esperanza. Con una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, y una clase media educada y activa, parecía que tenía todo para triunfar. Hugo Chávez, con su carisma populista y promesas de justicia social, había generado una ilusión: un modelo bolivariano capaz de superar la pobreza, redistribuir la riqueza y liberar al país de la tutela de Washington. Pero dos décadas después, Venezuela se ha convertido en un símbolo del colapso económico, institucional y humano más brutal de América Latina en el siglo XXI.
No se trata solo de una crisis. Es un desmoronamiento sistémico. Un país que ha perdido casi el 80% de su PIB en una década, una moneda que ha sido abandonada por su propia población, más de 7 millones de ciudadanos obligados a huir al extranjero. Lo que ocurre en Venezuela no es producto exclusivo del embargo, como repite el discurso oficial. Es el resultado directo de un modelo autoritario, cleptocrático e incompetente que ha destruido las capacidades productivas, corrompido el aparato estatal y sembrado miedo, hambre y silencio, sin embargo, el régimen sobrevive. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que una dictadura, aislada y desacreditada, siga en pie tras más de 26 años? La respuesta está en la combinación letal de control social, represión selectiva, cooptación militar, propaganda interna y un sistema económico paralelo, informal y criminal, que garantiza a las élites chavistas una supervivencia confortable mientras el pueblo sobrevive con remesas, trueque o resignación.
El Estado venezolano ya no es un garante de derechos ni un administrador de lo público. Es una red de poder que se sostiene mediante el miedo, la manipulación y las lealtades compradas. Lo que antes era una República petrolera con ambiciones regionales, hoy es un Estado canalla donde el contrabando, el narcotráfico y las estructuras militares paralelas se han normalizado. Las elecciones son una farsa y la Asamblea Nacional, una extensión del ejecutivo. La Corte Suprema, una oficina del PSUV y los medios, con escasas excepciones digitales, han sido cooptados o silenciados.
Mientras tanto, la vida cotidiana es un ejercicio de resistencia. Un litro de leche cuesta el salario mínimo de una semana. El transporte público colapsa por falta de repuestos. Los hospitales funcionan sin insumos ni médicos suficientes. Las escuelas están vacías, no solo de alumnos, sino de esperanza. Los docentes ganan 15 dólares al mes, y muchos comen solo una vez al día. Y aunque el régimen insista en hablar de recuperación económica, esa “mejoría” se limita a burbujas urbanas de consumo sostenidas por remesas y negocios opacos. No hay inversión extranjera. No hay crédito. No hay futuro.
En este contexto, las elecciones presidenciales de 2024 no han sido una oportunidad de cambio real. El gobierno ha inhabilitado a los principales líderes opositores, incluido María Corina Machado, y ha diseñado un sistema en el que los candidatos permitidos son funcionales al chavismo. La comunidad internacional, dividida entre el pragmatismo y la condena, se debatió entre imponer sanciones o dialogar con un régimen que no ha dado señales de apertura. Al final el resultado no ha sido una transición, sino una farsa electoral legitimada por actores externos a cambio de concesiones mínimas.
Pero lo más trágico no es solo la destrucción institucional. Es la erosión del tejido humano. Las familias separadas. Los niños que crecen sin padres. Los jóvenes que no creen en nada. La diáspora venezolana es la mayor del continente, y una de las más invisibilizadas. Repartidos por Colombia, Perú, Chile, Brasil, México y Estados Unidos, los venezolanos son a menudo víctimas de racismo, explotación laboral, violencia y, sin embargo, siguen enviando remesas, siguen soñando con volver, siguen creyendo – a veces a pesar de todo – que Venezuela puede resurgir.
Régimen Maduro: poder absoluto y fraude anunciado
Nicolás Maduro no es Hugo Chávez. No tiene su carisma, su capacidad de conexión popular ni su narrativa épica. Pero ha sido mucho más eficaz como autócrata. Donde Chávez cultivó un culto personal envuelto en mística bolivariana, Maduro ha perfeccionado los mecanismos de control absoluto del poder, combinando represión, simulación electoral y alianzas con sectores armados y criminales.
Desde su llegada al poder en 2013, tras la muerte de Chávez, Maduro ha eliminado cualquier vestigio de institucionalidad autónoma. La Asamblea Nacional electa en 2015, con mayoría opositora, fue vaciada de funciones por medio de una Asamblea Constituyente paralela, diseñada a la medida del régimen. La Fiscalía, el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y las Fuerzas Armadas fueron convertidos en apéndices del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Las elecciones dejaron de ser mecanismos de alternancia para convertirse en rituales controlados, diseñados para legitimar el dominio del poder sin riesgos reales.
El proceso electoral del 28 de julio de 2024 no es la excepción. Es parte de una coreografía conocida: el régimen acepta condiciones mínimas para no ser aislado internacionalmente, permite la inscripción de candidatos “opositores” tolerables, mientras bloquea o inhabilita a los verdaderamente competitivos. María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras y figura de fuerte arrastre popular, fue inhabilitada bajo acusaciones administrativas sin garantías procesales. A última hora, emergió la candidatura de Edmundo González Urrutia, un diplomático sin trayectoria política reciente, apoyado por la Plataforma Unitaria. Aunque ha despertado cierto entusiasmo, su margen de maniobra fue severamente limitado por el cerco institucional.
La estrategia del chavismo es clara: simular pluralismo donde hay hegemonía, permitir cierta competencia controlada, y dividir a la oposición entre colaboracionistas y radicales. Mientras tanto, el CNE permanece bajo control del régimen, el registro electoral está viciado, los tiempos de campaña son desiguales, y los medios públicos y privados transmiten propaganda oficialista de forma permanente. El acceso a recursos estatales para la campaña del PSUV es ilimitado, y las amenazas a empleados públicos o beneficiarios de programas sociales siguen siendo moneda corriente.
La represión también cumple un papel clave. Aunque ha disminuido el uso visible de la violencia, se ha sofisticado el aparato de inteligencia. El SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) operan como brazos represivos del poder. Activistas, periodistas, militares disidentes y defensores de derechos humanos son detenidos arbitrariamente y obligados al exilio o al silencio. Según informes de la ONU y de ONG locales, en Venezuela se han documentado miles de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones ilegales y tratos crueles.
Pero el régimen no solo sobrevive con el garrote. También ofrece zanahorias. En los últimos años, ha promovido una apertura económica parcial, orientada a generar burbujas de consumo en sectores urbanos, con el fin de desmovilizar la protesta. Se ha dolarizado parcialmente la economía, se han relajado los controles de precios, y se ha permitido el surgimiento de una clase empresarial ligada al régimen, conocida como los “enchufados”. Esta aparente apertura ha sido leída por algunos como una transición silenciosa hacia un modelo chino. Pero en realidad, se trata de un mecanismo de estabilización autoritaria: se permite el comercio en dólares, pero no se devuelve la democracia. Se permite cierta actividad económica, pero bajo condiciones de opacidad, clientelismo y favores políticos.
La oposición, fragmentada y deslegitimada, enfrenta el dilema de participar en un juego amañado o retirarse y perder toda visibilidad. Muchos venezolanos ya no creen en el voto como vía de cambio. La abstención se ha convertido en una forma de protesta pasiva, aunque también funcional al régimen. Los líderes opositores enfrentan la paradoja de tener que movilizar a una población empobrecida, desesperanzada y asediada por la propaganda oficialista, mientras sortean la censura, la vigilancia y la criminalización.
Por eso, hablar de elecciones libres en Venezuela es una ficción. No existe competencia justa sin condiciones mínimas de equidad, libertad de prensa, justicia independiente, observación internacional imparcial y respeto a los resultados. Las presidenciales de 2024 no cumplieron estos requisitos.
La comunidad internacional se encuentra dividida. Mientras Estados Unidos, bajo ciertas condiciones, ha flexibilizado algunas sanciones a cambio de compromisos que el régimen no ha cumplido, países como Brasil, Colombia o México prefieren una vía diplomática, temiendo el colapso total del Estado venezolano. Rusia, China, Irán y Turquía respaldan abiertamente al gobierno de Maduro, viendo en Venezuela un aliado estratégico en su pulso geopolítico contra Occidente. Europa, por su parte, se muestra ambigua: condena la situación, pero evita tomar decisiones que impliquen mayor presión efectiva. Así, el régimen chavista ha aprendido a navegar las aguas del cinismo diplomático. Se presenta como víctima de una conspiración internacional mientras teje alianzas con actores autoritarios y aprovecha el pragmatismo de otros. Dentro del país, reproduce el relato de una “guerra económica” y una “resistencia heroica”, mientras sus élites viven en la opulencia, viajando en jets privados y celebrando en clubes exclusivos.
El resultado es un sistema político profundamente antidemocrático, pero funcional para quienes lo controlan. No hay incentivos internos para una transición. Y los incentivos externos, cuando existen, son débiles o contradictorios. Solo una presión internacional coherente, acompañada de una reactivación cívica interna, podría abrir una grieta. Pero por ahora, lo que se avecina no es el fin del chavismo, sino su reinvención para perpetuarse en el poder.
Un país sin pan ni medicinas: la apariencia del abismo
Durante los peores años de la crisis humanitaria en Venezuela —especialmente entre 2015 y 2020— millones de ciudadanos hicieron colas kilométricas frente a supermercados y farmacias, con la esperanza de encontrar alimentos básicos o medicinas esenciales. Las escenas eran dantescas: madres llorando porque no conseguían leche para sus hijos, ancianos desmayándose tras horas bajo el sol, enfermos crónicos que dependían de medicamentos imposibles de hallar y cuando aparecía algo, había que pelear por ello, literalmente.
Un día de 2015 me tocó vivir una de esas escenas. Necesitaba comprar un analgésico y al llegar a una farmacia me encontré con una fila larguísima de personas que rodeaban la cuadra. Después de unos 10 minutos, me acerqué al vigilante que regulaba el ingreso y le pregunté cuánto tiempo estimaba que me tomaría entrar. Me preguntó qué necesitaba; al decirle “un analgésico”, me dejó pasar de inmediato. “Hoy llegó papel higiénico”, me dijo con total naturalidad, “la gente está aquí por eso”. Aquel episodio, absurdo y trágico a la vez, revelaba una verdad innegable: el acceso a productos básicos se había convertido en una lotería, en una anomalía cotidiana.
Lo más perverso, sin embargo, era la manipulación de esa tragedia. En una ocasión, me llevaron a visitar un supermercado supuestamente “normal” para desmentir lo que los medios decían sobre los estantes vacíos. Todo parecía lleno. Pero al mirar mejor, el truco era evidente: había metros y metros de un solo producto por estante. ¿Mermelada de guayaba? Decenas de frascos, todos idénticos. ¿Pasta? Solo una marca, una presentación, repetida hasta el hartazgo. No era variedad, era camuflaje. Un simulacro de abundancia para esconder la escasez.
Esa escasez no fue casual. Fue el resultado de un modelo económico basado en el control estatal absoluto, la destrucción del aparato productivo privado y la dependencia de importaciones manejadas por redes de clientelismo. La Ley de Precios Justos, las expropiaciones masivas, la persecución a empresarios, todo ello asfixió la producción nacional y cuando el petróleo dejó de dar dólares fáciles, el sistema colapsó.
En el sector salud, la devastación fue aún más cruel. Más del 80% de los hospitales públicos sufren carencias estructurales: no hay insumos básicos, ni guantes, ni antibióticos, ni reactivos para análisis. Muchos centros funcionan sin agua o electricidad estable. Enfermar en Venezuela se convirtió en una sentencia de muerte. Según Médicos por la Salud, la mortalidad infantil aumentó un 30% en los años más duros, y enfermedades ya erradicadas como la malaria o la difteria reaparecieron.
Mientras tanto, el régimen jugaba al doble discurso: culpaba al “bloqueo imperialista” mientras sus jerarcas importaban productos de lujo para supermercados exclusivos, inaccesibles al venezolano común. La desigualdad, como en toda dictadura, se volvió obscena.
Hoy la situación ha mejorado levemente en Caracas y otras zonas urbanas, pero sigue siendo un país partido en dos: unos pocos con acceso a dólares sobreviven, los demás siguen haciendo magia para comer. Porque, aunque los estantes ya no estén vacíos, las neveras sí lo están.
Fuerzas Armadas: cómplices de la parálisis y guardianes del poder
Desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999, su relación con las Fuerzas Armadas ha sido de simbiosis política, instrumentalización institucional y control estratégico. Chávez, exmilitar y protagonista del fallido golpe de Estado de 1992, entendía que el sostén más sólido de cualquier régimen autoritario no es el pueblo ni el partido, sino el respaldo militar. Por eso, desde el primer día, convirtió a las Fuerzas Armadas en una extensión ideológica del chavismo.
La Constitución de 1999 eliminó la tradicional neutralidad militar y sembró las bases de una profunda fusión entre castrismo y uniformados venezolanos. Comenzó promoviendo a oficiales leales y purgando a los dudosos, para luego iniciar una avalancha de ascensos basada en la fidelidad política antes que en el mérito. Entre 2008 y 2009, con la Ley Orgánica de la FANB y la creación de la Escuela de Formación de Oficiales Técnicos (EFOTEC), el régimen implementó un canal alternativo para convertir suboficiales en oficiales técnicos sin pasar por el riguroso proceso tradicional. En junio de 2009, se promovieron simultáneamente 697 suboficiales a grados de teniente, capitán y teniente coronel, lo que devaluó completamente la meritocracia y desmanteló la estructura jerárquica profesional.
Esta “inflación de grados” creó un ejército de oficiales políticamente leales, pero sin preparación táctica adecuada. El Presidente asumió el poder exclusivo sobre las promociones, acelerando la jubilación de oficiales incómodos y vaciando los mandos de personal experimentado. Así se consolidó un aparato militar subordinado al régimen, más enfocado en la supervivencia del chavismo que en la defensa nacional.
La lealtad no se compró solo con ascensos. A los militares se les entregaron privilegios económicos: aumentos salariales selectivos, control de empresas públicas, acceso a divisas, manejo de puertos y aduanas, e incluso la distribución de alimentos a través de las cajas CLAP. Surgió una “economía militarizada” en la que generales se convirtieron en empresarios, coroneles en importadores y tenientes en gerentes de PDVSA y otras entidades estratégicas. Esto dio lugar a una estructura de poder paralela, corrupta y armada, que institucionalizó el clientelismo militar.
La militarización de la política y la proletarización de las FANB transformaron a las Fuerzas Armadas en un instrumento represivo interno. Se estableció una doble cadena de mando que marginó toda disidencia y recompensó la fidelidad ideológica con ascensos injustificados. El sistema degeneró en un aparato paramilitar, alejado por completo de su mandato constitucional y centrado en funciones civiles y de policía política.
Con Nicolás Maduro, esta dinámica se profundizó. A pesar de su falta de carisma, el Presidente supo mantener al Ejército como su principal escudo. En 2017, durante la ola de protestas, el régimen reforzó la dependencia económica de los uniformados con más ministerios en manos militares, contratos y concesiones. Las Fuerzas Armadas, lejos de contener la represión, participaron activamente en ella: dispararon contra civiles y, en muchos casos, mataron.
El deterioro institucional fue acompañado por una decadencia operativa alarmante. Sistemas de armas abandonados, buques de guerra deteriorados, aviones y tanques obsoletos reflejan el abandono total de una inversión seria en defensa. El Ejército venezolano, otrora orgullo nacional, es hoy una casta autorreferencial, sin capacidad real de proteger la soberanía ni de cumplir funciones básicas de defensa nacional.
A pesar de la existencia de militares descontentos, conspiraciones abortadas y desertores en el exilio, el núcleo duro sigue firme. ¿Por qué? Porque sabe que sin Maduro no solo perdería poder, sino que enfrentaría juicios por crímenes de lesa humanidad y corrupción. El inmovilismo es su salvavidas.
Bajo el mando de Maduro, continuaron las promociones masivas, como en julio de 2018, cuando se nombraron 183 nuevos generales, confirmando la consolidación de un sistema clientelar y politizado que abandona el mérito y la profesionalidad. Las FANB se convirtieron en el pilar de un poder duradero pero corrupto, cómplice directo de la crisis y el colapso de Venezuela. Su primer miembro, el Ministro de Defensa Padrino López, está acusado por la justicia estadounidense, bajo cargos de narcotráfico y asociación con el Cartel de los Soles, en particular por su presunta implicación en el uso de la fuerza militar para facilitar envíos de cocaína a través de vuelos clandestinos. En cambio, no existen cargos formales en Venezuela ni investigaciones conducidas por instituciones judiciales o fiscales del país.
Lo más preocupante es que el uniforme dejó de ser símbolo de defensa nacional para convertirse en marca de poder económico y político. El chavismo no solo secuestró al Estado: se tragó a las Fuerzas Armadas y las convirtió en un partido armado. La complicidad de los militares en la supervivencia del régimen, su decadencia operativa y su alejamiento del pueblo son heridas profundas y aún irreparables para Venezuela.
El éxodo venezolano: millones de desplazados en silencio
Pocas veces en la historia reciente de América Latina se ha visto una tragedia migratoria de la magnitud del éxodo venezolano. En poco más de una década, más de 7,7 millones de personas — casi una cuarta parte de la población — han abandonado el país. Esta cifra supera la de refugiados afganos, supera a los desplazados sirios fuera del Medio Oriente, y rivaliza con las crisis humanitarias más graves del planeta. Sin embargo, fuera de la región, el drama venezolano apenas ocupa titulares.
A diferencia de otras migraciones provocadas por guerras civiles o conflictos armados, la venezolana es el resultado directo de un colapso sistémico inducido por un modelo político autoritario, incompetente y depredador. No hay bombas cayendo sobre Caracas, pero sí hay hospitales sin insumos, escuelas sin maestros, alimentos inalcanzables, servicios básicos colapsados y una economía dolarizada de facto donde solo una élite tiene acceso a divisas.
Los migrantes venezolanos no son turistas ni aventureros. Son madres solteras, niños desnutridos, jubilados sin pensión, jóvenes con títulos universitarios que venden dulces en los semáforos de Lima, Bogotá o Ciudad de México. Salen a pie, cruzan selvas como el Darién, se enfrentan a redes de trata, mafias, extorsiones, xenofobia y la incertidumbre permanente de no saber si podrán rehacer sus vidas. Son refugiados, aunque muchos gobiernos — por razones políticas — se resistan a llamarlos así. Los países vecinos han cargado con el mayor peso. Colombia ha recibido a más de 2,8 millones de venezolanos. Perú, Ecuador, Chile, Brasil y Argentina también albergan grandes comunidades. México y Estados Unidos han visto incrementarse el flujo migratorio, con rutas cada vez más peligrosas y mortales. El Darién, una selva infestada de peligros entre Colombia y Panamá, se ha convertido en un corredor trágico: miles de venezolanos lo cruzan cada mes, expuestos a violaciones, asaltos y muerte.
La respuesta internacional ha sido insuficiente. Mientras Europa movilizó cientos de miles de millones de euros para acoger a refugiados ucranianos, América Latina ha recibido apenas migajas para atender el éxodo venezolano. En 2023, el presupuesto de ACNUR y la OIM para esta crisis no alcanzó ni el 15% de lo solicitado. La falta de recursos ha dejado a miles sin acceso a servicios básicos, educación, salud o integración laboral.
Peor aún, la narrativa oficial del régimen niega la existencia del éxodo. Para Maduro, los venezolanos no huyen del hambre, sino de “falsas expectativas sembradas por los medios”. Algunos voceros incluso afirman que “millones han regresado”, aunque no haya evidencia creíble que lo sustente. Esta negación sistemática forma parte de una estrategia de invisibilización del sufrimiento. Si no se reconoce el éxodo, no hay culpa; si no hay culpa, no hay responsabilidad.
Pero las cifras no mienten. Tampoco miente la realidad de las familias separadas, de los niños criados por abuelas, de las remesas que mantienen con vida a millones dentro del país. No miente el dolor de los que mueren en la ruta, ni la frustración de los que son deportados sin opciones. Venezuela es hoy un país vacío, despoblado de talento, de juventud, de futuro.
El éxodo venezolano no es solo una crisis migratoria: es el testimonio más brutal del fracaso de un modelo político. Ningún gobierno legítimo provoca voluntariamente la huida masiva de su población. Ninguna revolución verdadera necesita vallas, exilio ni hambre para sostenerse, sin embargo, el mundo asiste a esta tragedia con una mezcla de indiferencia, saturación y cálculo diplomático.
El silencio ante el drama venezolano no es neutral: es cómplice. Cada avión que parte, cada frontera cruzada, cada hogar vacío es una acusación viva contra el régimen que ha expulsado a su gente y contra quienes, por ideología, conveniencia o cobardía, eligen mirar hacia otro lado.
Corrupción, cleptocracia y destrucción de PDVSA
La Venezuela del chavismo no es solo una dictadura política. Es también una cleptocracia sistemática, un Estado depredador cuya principal función no es el desarrollo, sino el saqueo. En el corazón de esta maquinaria está PDVSA, la empresa estatal petrolera que alguna vez fue orgullo nacional y motor de la economía. Hoy es un cascarón corroído por la corrupción, la ineficiencia y el desfalco institucionalizado.
Durante décadas, PDVSA fue una empresa modelo en América Latina: tecnificada, solvente, con personal altamente calificado y presencia internacional. Pero desde la llegada de Chávez, y con mayor intensidad bajo Maduro, fue transformada en un instrumento de control político y de extracción ilícita. Los cuadros técnicos fueron desplazados por leales sin formación, los procesos internos fueron politizados, y los contratos se convirtieron en oportunidades de enriquecimiento para jerarcas militares y civiles del régimen.
El resultado ha sido catastrófico. La producción petrolera, que en los años 90 rondaba los 3 millones de barriles diarios, hoy apenas supera el millón y en años recientes ha caído incluso por debajo de esa cifra. Las instalaciones están deterioradas, los equipos obsoletos, las refinerías funcionan a medias o están paralizadas. Las exportaciones, principal fuente de divisas del país, han sido golpeadas por las sanciones, pero también por la desidia y la corrupción interna. Buques fantasmas, cargamentos desaparecidos, ventas en criptomonedas, triangulaciones con actores opacos: el comercio petrolero venezolano opera hoy como una economía sumergida.
Uno de los escándalos más emblemáticos fue la detención en 2023 de altos funcionarios del chavismo — incluidos jueces, empresarios y dirigentes del PSUV — acusados de haber desviado más de 20.000 millones de dólares de ingresos petroleros. Lejos de ser una limpieza moral, estas detenciones reflejaron una purga interna entre facciones del régimen, en especial entre el ala militar y la civil. El poder en Venezuela no solo se sostiene con represión; también se negocia entre grupos que se disputan el botín.
Y ese botín no solo proviene del petróleo. El oro, el coltán, los diamantes del Arco Minero del Orinoco han sido otra fuente de riqueza ilícita. Allí operan mafias armadas, grupos irregulares, guerrillas extranjeras y empresas fachada, muchas con vínculos directos al Estado. Los ingresos del narcotráfico y del contrabando de combustible complementan el cuadro de una economía criminalizada.
La corrupción no es una desviación del sistema: es su esencia. Las instituciones no funcionan porque no están diseñadas para controlar ni fiscalizar, sino para encubrir y proteger a quienes participan del saqueo. La Contraloría, la Fiscalía, el Poder Judicial actúan como cómplices. Las pocas denuncias internas son castigadas con cárcel o exilio y mientras millones de venezolanos sufren escasez, hiperinflación, servicios colapsados y salarios miserables, una élite goza de privilegios impensables, blindada por la impunidad.
A diferencia de otras dictaduras del pasado, que usaron la represión para imponer planes de desarrollo autoritarios, el chavismo ha destruido el aparato productivo. En 2023, el salario mínimo oficial era inferior a 5 dólares mensuales. El 80% de la población vive en pobreza, y más del 50% en pobreza extrema.
El colapso de PDVSA es el espejo del colapso nacional. No se trata solo de una mala gestión, sino de una estrategia: vaciar las instituciones, absorber sus recursos y convertir al Estado en una red clientelar donde la lealtad se compra y se castiga la disidencia. Esta lógica cleptocrática ha destruido el tejido económico, pero ha fortalecido la estructura de poder. Porque donde no hay Estado funcional, reina el miedo, la necesidad y la dependencia.
Mientras tanto, los responsables del saqueo viven sin consecuencias. Muchos tienen propiedades en Europa, cuentas en paraísos fiscales, y familiares estudiando en universidades de élite. Usan criptomonedas, testaferros y empresas offshore para mover fortunas que no provienen del trabajo, sino del pillaje. La justicia internacional ha reaccionado con lentitud. Algunas investigaciones avanzan en Estados Unidos, España o Suiza, pero los grandes operadores del saqueo siguen libres y el pueblo venezolano, despojado, sigue esperando justicia.
El Esequibo y e silencio calculado de la revolución
Durante décadas, el territorio del Esequibo — una vasta región de casi 160.000 km² bajo administración de Guyana, pero históricamente reclamada por Venezuela — fue un símbolo nacionalista, un tema transversal a todas las corrientes políticas venezolanas. Sin embargo, bajo el chavismo, y especialmente con Nicolás Maduro, la cuestión del Esequibo fue objeto de un mutismo estratégico, de una omisión casi pactada que revela mucho sobre las prioridades geopolíticas del régimen.
Durante los primeros años de Chávez, el silencio sobre el Esequibo fue casi absoluto. Aunque en discursos patrióticos exaltaba la soberanía venezolana, el conflicto con Guyana era sistemáticamente ignorado. ¿Por qué? Porque Guyana ofrecía algo mucho más valioso para el chavismo: su voto automático en foros internacionales como la OEA, donde el régimen buscaba blindarse ante críticas por violaciones a los derechos humanos y socavamiento de la democracia. El Esequibo, entonces, fue una ficha de cambio: silencio a cambio de apoyo.
La situación se mantuvo durante años, hasta que, en 2015, tras el descubrimiento de enormes reservas de petróleo en aguas cercanas al Esequibo por parte de la empresa ExxonMobil, la cuestión reapareció. Pero el régimen ya no controlaba la narrativa. La Asamblea Nacional, entonces dominada por la oposición, comenzó a exigir respuestas. Maduro reaccionó con gestos teatrales: creó una “zona de defensa especial” e hizo declaraciones altisonantes, pero sin acciones concretas.
Como bien se detalla en el artículo La Venezuela de Chávez a Maduro y al Esequibo, el chavismo utilizó el Esequibo como herramienta de distracción en momentos críticos. En 2023, ante el colapso económico, las denuncias de crímenes de lesa humanidad y el fracaso del diálogo en México, el gobierno de Maduro convocó un referéndum unilateral para reclamar el territorio. Fue una jugada populista y vacía: sin reconocimiento internacional, sin efectos legales, pero con gran valor simbólico interno. La “causa del Esequibo” fue rescatada no por convicción nacionalista, sino como cortina de humo para tapar la tragedia estructural del país.
Incluso se llegó a fantasear con una anexión administrativa de facto del territorio. Pero más allá del discurso inflado, la realidad es otra: el régimen sabe que una confrontación directa con Guyana —país ahora aliado de EE.UU. y centro de inversiones petroleras occidentales — sería suicida. Por eso, el Esequibo seguirá siendo, en manos del chavismo, lo que siempre fue: una bandera que se iza cuando conviene y se guarda cuando molesta.
En definitiva, el silencio sobre el Esequibo no fue un olvido: fue una política. Una política que priorizó la supervivencia diplomática del régimen sobre los intereses históricos del país. Una política que traicionó a generaciones de venezolanos que soñaban con recuperar ese territorio no por petróleo, sino por dignidad nacional.
Escuelas y verdad: la educación manipulada
Durante los 26 años de dictadura oficialista, marxista y socialista que abarcan desde Chávez hasta Maduro, la educación venezolana ha sido uno de los ámbitos más profundamente dañados por el proyecto político del régimen. La escuela dejó de ser un espacio de formación crítica y plural para convertirse en un recinto cerrado donde se adiestra y se adoctrina a las nuevas generaciones con la ideología oficialista.
Los planes de estudio fueron alterados para favorecer una versión sesgada de la historia nacional y mundial, centrada en la exaltación del chavismo y en la demonización de Estados Unidos, la oposición y el sistema capitalista. La ciencia, la filosofía y las humanidades fueron subordinadas a la propaganda política. La diversidad cultural y el pensamiento crítico fueron sustituidos por dogmas y consignas que repiten un mensaje único.
Además, la infraestructura educativa se deterioró hasta niveles alarmantes. Muchas escuelas carecen de condiciones básicas, materiales y docentes suficientes. La deserción escolar aumentó, mientras que la calidad del aprendizaje cayó estrepitosamente. En un país con una de las mayores crisis económicas y sociales del hemisferio, la educación pública fue desinvertida y degradada.
Este adoctrinamiento tiene consecuencias profundas en el tejido social. Las nuevas generaciones crecen con una visión distorsionada de la realidad, sin capacidad para cuestionar ni para pensar por sí mismas. La educación, que debería ser un motor de progreso y emancipación, fue convertida en un instrumento de control y sumisión.
En definitiva, la “revolución educativa” prometida por el régimen no es otra cosa que la fábrica de “peces que nadan en una sola dirección”, que repiten el mensaje oficial sin cuestionar y que legitiman la permanencia en el poder de una élite política que destruye el país desde adentro.
Las pensiones desaparecidas: de la burguesía a la miseria
La crisis económica y social en Venezuela ha golpeado con particular dureza a los pensionados, que representan una parte significativa de la clase media y los empleados estatales. Durante décadas, una pensión media de un trabajador público o de la burguesía venezolana permitía un nivel de vida digno, aunque modesto, con acceso a vivienda, alimentación y servicios básicos. Sin embargo, con la hiperinflación, la devaluación constante del bolívar y la destrucción del aparato productivo, esas pensiones se han convertido prácticamente en un ingreso de miseria.
El valor real de las jubilaciones ha caído hasta niveles que no alcanzan para cubrir ni siquiera las necesidades básicas de alimentación y medicinas. Muchos pensionados dependen de familiares o ayudas externas para sobrevivir. Un amigo mío, vicealmirante retirado de la Armada Bolivariana de Venezuela (ARBV), quien ocupó como último cargo el de Vicecomandante de la Armada, recibe hoy una pensión de 60 dólares mensuales, pagados en bolívares al cambio oficial. Desde hace algunos meses, el Estado le otorga además un “Bono contra la Guerra Económica” de aproximadamente 120 dólares mensuales, también en moneda local. A pesar de estos ingresos combinados, su situación económica sigue siendo precaria, lo que ilustra el dramático deterioro del sistema de protección social incluso para oficiales de alto rango.
El Estado, incapaz o desinteresado en garantizar el bienestar de los adultos mayores, ha reducido sistemáticamente los montos y retrasado los pagos. La cobertura social se ha deteriorado hasta ser casi inexistente, y la corrupción endémica ha desviado recursos que deberían destinarse a este sector vulnerable. Esta situación ha provocado un aumento alarmante de la pobreza entre los pensionados, que pasaron de ser una base estable y respetada de la sociedad a convertirse en un grupo marginalizado y olvidado. La dignidad de la vejez se ha perdido en medio de la crisis, mientras la élite política mantiene privilegios y acceso a recursos escasos. En resumen, las pensiones desaparecidas reflejan la destrucción del contrato social en Venezuela y evidencian el fracaso del régimen para proteger a sus ciudadanos más vulnerables, condenando a una generación al abandono y la pobreza extrema.
Cuando la inseguridad se vuelve en costumbre
Durante las últimas dos décadas, Venezuela ha vivido una de las peores crisis de seguridad ciudadana del continente. Desde principios de los años 2000, y con particular intensidad desde 2010, el país ha encabezado los rankings mundiales de homicidios per cápita, con tasas que han oscilado entre 50 y más de 80 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según cifras del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). Gran parte de estos crímenes ocurre en zonas urbanas como Caracas, Maracaibo o Valencia, donde el control territorial de bandas armadas, la impunidad estructural y la corrupción policial generan un clima de terror cotidiano. No se trata solo de robos o ajustes de cuentas: el secuestro exprés, las extorsiones y la violencia contra mujeres se han vuelto moneda corriente, mientras la justicia permanece ausente.
Recuerdo vivamente un episodio personal que ilustra esta realidad. En 1992, durante una visita a Venezuela, fui invitado a cenar por dos amigos oficiales de la Marina. Al subirme al coche, antes de partir, me entregaron una pistola cargada. Me advirtieron que, si éramos atacados por delincuentes, debía estar preparado para defenderme. Para alguien que venía de Italia, donde portar armas sin permiso es ilegal y donde incluso un acto de legítima defensa puede llevarte ante un juez, aquella escena era surrealista. Guardé el arma en la chaqueta, cenamos tranquilos, y al regresar se la devolví. Pero ese gesto –normal para ellos, impactante para mí– resumía la gravedad de una inseguridad que ya entonces se vivía como cotidiana.
El colapso institucional ha permitido además que parte de esa violencia se exporte. El éxodo masivo de venezolanos ha desbordado las capacidades de países limítrofes y en muchas zonas marginales la llegada de flujos sin recursos ni documentos ha sido aprovechada por redes criminales para reclutar, traficar o establecer nuevas células delictivas. Aunque la inmensa mayoría de los migrantes busca solo sobrevivir y rehacer su vida dignamente, la falta de políticas integradoras y el abandono del Estado venezolano han contribuido a un fenómeno regional de creciente inseguridad urbana, que ahora ya no reconoce fronteras.
Hipocresías internacionales y alianzas tóxicas del chavismo
Pocas crisis han evidenciado con tanta claridad el doble rasero moral de la comunidad internacional como la de Venezuela. La represión, la miseria, el éxodo y la sistemática anulación de la democracia han sido documentadas por organismos multilaterales, ONGs y medios independientes y, sin embargo, muchas cancillerías, partidos y figuras públicas, especialmente en Europa y América Latina, siguen tratando al régimen de Maduro con una condescendencia cómplice, cuando no con abierta simpatía.
¿Por qué esta indulgencia? ¿Por qué quienes se movilizan con fervor ante cualquier atropello en Gaza, Ucrania o Myanmar guardan silencio, minimizan o incluso justifican los abusos del chavismo? La respuesta está en una combinación perversa de ideología, oportunismo político y temor a perder simpatías dentro de ciertos sectores militantes que todavía idealizan la “revolución bolivariana”.
Pero el cinismo no se limita a las omisiones discursivas. Las alianzas geopolíticas del chavismo también merecen atención. En los años 80, Venezuela mantenía con Israel relaciones cordiales e incluso cooperación militar discreta. Sin embargo, con la llegada de Hugo Chávez, este vínculo fue abruptamente roto. Chávez condenó con virulencia al Estado israelí, expulsó a su embajador en 2006 tras la guerra en el Líbano, y desde entonces, Caracas se alineó firmemente con actores hostiles a Israel y a Occidente. Entre ellos, Irán.
La relación entre el chavismo e Irán ha sido intensa y opaca. Se ha traducido en acuerdos energéticos, bancarios, militares y de inteligencia, muchos de ellos con escasa transparencia. Uno de los símbolos más inquietantes de esta alianza es el vuelo Caracas-Teherán, operado inicialmente por Conviasa en colaboración con Mahan Air. Este vuelo, que oficialmente pretendía fomentar el turismo y los negocios, fue durante años motivo de preocupación para servicios de inteligencia occidentales, que lo calificaron como un canal privilegiado de transporte clandestino para agentes, armas, tecnología y dinero. En el ambiente diplomático y de seguridad se rumorea que, salvo en sus primeros vuelos, nunca transportó pasajeros comunes.
A esto se suman los lazos con grupos como Hamas y Hezbollah, ambas consideradas organizaciones terroristas por Estados Unidos y la Unión Europea. La presencia de células de Hezbollah en la región fronteriza con Colombia, con base de operaciones en Venezuela, ha sido denunciada por múltiples informes. El régimen venezolano nunca ha roto vínculos con estos actores, sino que les ha ofrecido espacio, cobertura y, según diversas fuentes, incluso documentación venezolana.
Para una parte de la izquierda internacional, Venezuela sigue siendo un símbolo incómodo: un experimento político que prometía justicia social, resistencia al imperialismo y soberanía nacional, pero que devino en tiranía, ruina y exilio. Reconocer el fracaso implicaría hacer autocrítica, admitir errores, y eso —para muchos intelectuales, partidos y gobiernos progresistas— es anatema. Prefieren entonces racionalizar lo irracional, achacar todos los males al “bloqueo estadounidense”, repetir consignas vacías sobre “intervencionismo” y evitar a toda costa nombrar al opresor.
Esta cobardía moral se manifiesta en gestos diplomáticos ambiguos, en declaraciones lavadas, en reuniones internacionales donde se condena la pobreza sin atreverse a condenar a quienes la provocan. Algunos gobiernos europeos han llegado al extremo de invitar a voceros del régimen venezolano a foros sobre democracia o derechos humanos, como si Caracas fuera Oslo o Montevideo.
Mientras tanto, los defensores de los derechos humanos en Venezuela son perseguidos. Las ONGs independientes son ilegalizadas. Los medios libres son cerrados o confiscados. El líder opositor puede ser inhabilitado sin juicio alguno, y las elecciones son una farsa sin árbitro ni reglas. ¿Dónde están los observadores indignados? ¿Dónde los manifestantes solidarios? ¿Dónde los académicos que escriben columnas contra el fascismo, pero callan ante el totalitarismo tropical?
Y no se trata solo de omisión. Hay quienes van más allá y se prestan al blanqueo activo del régimen. Políticos que viajan a Caracas a tomarse fotos con Maduro. Intelectuales que escriben elogios delirantes al “modelo bolivariano”. Periodistas que repiten sin crítica la propaganda oficial. Todo en nombre de una supuesta lucha contra el imperialismo, como si los venezolanos fueran peones en un tablero geopolítico, y no ciudadanos con dignidad y derechos.
Este cinismo tiene consecuencias concretas: cuando se relativiza la represión, se legitima al represor; cuando se invisibiliza el sufrimiento, se desarma la solidaridad; y cuando se deja sola a una sociedad en resistencia, se le condena al agotamiento, al exilio o a la desesperanza.
Venezuela no necesita lástima ni paternalismo. Necesita aliados firmes en la defensa de la verdad, la justicia y la libertad. Necesita que las democracias del mundo, especialmente aquellas que se proclaman progresistas, actúen con coherencia. Porque no hay nada de “izquierda” en cerrar medios, torturar disidentes o robar elecciones. No hay justicia social en un sistema que crea hambre, desigualdad y represión, no hay soberanía en un país secuestrado por una casta que gobierna con miedo y se enriquece con la miseria ajena.
El silencio, en este contexto, no es neutral. Es una forma de complicidad y cada día que pasa sin una condena clara ni presión efectiva, es una victoria más para el autoritarismo.
¿Hasta cuándo? claves para una transición posible
La gran pregunta que se hace todo venezolano — y que muchos en el mundo temen responder — es simple y brutal: ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más puede resistir una nación sometida a la ruina, la represión y el exilio forzoso? ¿Cuándo llegará la hora del cambio?
La respuesta no está escrita. Pero sí hay certezas sobre lo que se necesita para que una transición democrática sea posible.
Es imprescindible una oposición unificada, firme y creíble. Durante años, el antichavismo ha sido víctima no solo de la represión oficialista, sino también de divisiones internas, estrategias erráticas y liderazgos fragmentados. La candidatura de María Corina Machado había resucitado la ilusión, pero el desafío era gigantesco: lograr una unidad real, más allá de egos y siglas, que ofreciera un proyecto serio de reconstrucción nacional.
Se requiere una presión internacional decidida, coordinada y sin ambigüedades. No basta con pronunciamientos blandos ni con sanciones simbólicas. El régimen de Maduro solo cede cuando se siente amenazado. Por eso, los países democráticos deben vincular toda relación diplomática o comercial con avances verificables en materia de derechos humanos, liberación de presos políticos y garantías electorales reales. Cualquier flexibilización sin condiciones solo refuerza la dictadura.
Hay que apostar por el pueblo venezolano. Por sus redes de solidaridad, su resiliencia, su capacidad de organización. Las ONGs, las iglesias, las comunidades, los gremios: todos ellos han mantenido vivo un tejido social que el chavismo intentó destruir. Apoyar a esta sociedad civil es fundamental para cualquier reconstrucción institucional.
Se necesita una estrategia de justicia que combine verdad, reparación y garantías de no repetición. Venezuela no saldrá adelante sin justicia, pero tampoco podrá hacerlo con una lógica de venganza. Muchos dentro del aparato estatal temen que una transición los lleve directamente a la cárcel. Romper ese miedo con garantías y mecanismos confiables podría ser clave para acelerar una salida negociada.
Pocas instituciones han caído tan bajo en Venezuela como las Fuerzas Armadas. Lo que alguna vez fue concebido como un cuerpo de defensa nacional, con principios de disciplina, legalidad y servicio, se ha degradado en una maquinaria al servicio de una élite corrupta. La cúpula militar ha dejado de ser garante del orden constitucional para convertirse en cómplice activo de la represión, del saqueo y del control social. Ha entregado no solo su deber, sino su honor, ese que alguna vez distinguió a los hombres de uniforme. Hoy ese uniforme se asocia al miedo, al abuso y a la traición. No hay patriotismo en quienes callan ante la injusticia, ni dignidad en quienes se arrastran por prebendas. Las Fuerzas Armadas venezolanas no han sido víctimas del régimen: han sido su columna vertebral más leal, su brazo ejecutor más implacable y su escudo más vergonzoso. Véase también el artículo Venezuela debe liberarse de la dictadura de Maduro.
Finalmente, hace falta una narrativa. Un nuevo relato nacional que supere la fractura social, que reconstruya el contrato ciudadano y que proponga una visión de país para los próximos 30 años. Venezuela no puede vivir eternamente en el trauma chavista ni en la nostalgia de lo que fue. Necesita imaginar lo que puede ser.
¿Es posible? Sí, pero no será fácil. Las dictaduras no caen por sí solas. Necesitan ser desafiadas con coraje interno y presión externa. Requieren tiempo, estrategia, unidad y, sobre todo, convicción moral.
Es aquí donde la comunidad internacional, especialmente América Latina y Europa, tiene una responsabilidad ineludible. Ya no se trata de defender una ideología ni de alinearse en bloques geopolíticos. Se trata de principios: democracia, libertad, dignidad humana. O se está del lado de quienes luchan por ellos, o se está del lado de quienes los pisotean.
Venezuela está cansada, pero no vencida. En cada barrio, en cada aula, en cada marcha silenciosa, hay venezolanos que sueñan con un país libre. La pregunta es si el mundo estará a la altura de ese sueño y si entenderá, de una vez por todas, que callar ante una dictadura no es prudencia: es traición.
